La Justicia se pone en pie de guerra

• Funcionarios se rebelan contra los recortes, y abogados y procuradores se concentrarán contra las tasas

MARTA FONTÁN La Justicia vive tiempos convulsos. El miércoles decenas de funcionarios evidenciaban su indignación por los ajustes salariales y por los "recortes de medios" en los juzgados abucheando al conselleiro Alfonso Rueda e irrumpiendo en el viejo edificio judicial vigués con motivo de su presencia en un acto protocolario. Estos trabajadores no son, sin embargo, los únicos que se están movilizando para dejar patente su descontento con la situación que están viviendo. Coincidiendo en el tiempo, otros sectores pilares de la Administración de Justicia han puesto en marcha también sus propias acciones, aunque las motivaciones son distintas: esta misma semana un grupo de abogados de la ciudad, a los que se han unido procuradores, convocaba una manifestación para el próximo 28 de septiembre para oponerse a las tasas judiciales que el Gobierno tiene en proyecto. Y hoy mismo los jueces vigueses, en sintonía con los del resto de España, celebrarán una junta general en la que dejarán patente su "malestar" debido a la "ausencia" de voluntad política "por la modernización del sistema judicial". Los magistrados no descartan ninguna medida de presión, incluida una tan excepcional en este sector como es la huelga.

El malestar de la judicatura amenaza con estallar contra el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Como en el resto de ciudades españolas, los jueces de Vigo ratificarán hoy el documento de la comisión interasociativa, que engloba a las asociaciones de jueces y fiscales, en el que se denuncia "la ausencia de inversión en justicia", el "control político" de los órganos de gobierno del Poder Judicial o "los recortes salariales y estatutarios". "Lo más importante es que se está viendo que casi todos los jueces de España estamos en contra de la reforma que se está impulsando de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que afecta al sistema de sustituciones, al sistema de elección de los miembros del CGPJ...; las medidas que se hagan están encaminadas a defender la dignidad de la función judicial, que es un poder del Estado", afirmaba ayer el juez decano de Vigo Germán Serrano. Las medidas de presión, de llevarse a cabo, se coordinarían a nivel nacional. "Podrían ir desde trabajar cumpliendo de forma estricta los módulos hasta paros parciales o incluso la huelga", añade Serrano. Además de juntas de jueces, también las habrá de fiscales. En el caso de la Fiscalía de Vigo, este asunto se abordará el lunes.

Otras de las reformas que proyecta el Gobierno central, la de las tasas judiciales, es por su parte la causa de la manifestación que se celebrará ante los juzgados vigueses la próxima semana, concretamente el viernes 28. La idea surgió de un grupo de abogados a los que ya se están uniendo procuradores. Y los convocantes quieren llegar también al "resto de sectores del Derecho" y a la ciudadanía. "Es importante que la gente se conciencie de lo que va a a suponer esto; la aplicación de estas tasas supondrá que muchos ciudadanos no podrán pleitear porque les será inasumible económicamente; se le impedirá el acceso a la Justicia", advierte uno de estos letrados, Darío Costas. A modo de ejemplo: recurrir una multa de tráfico ante un juzgado Contencioso supondrá un tributo de 200 euros y, un proceso monitorio en civil para reclamar un impago de 200 euros, un mínimo de 100. Las tasas se dispararían en segunda instancia, ya que presentar un recurso de apelación civil serían 800 euros. En laboral, recurrir en suplicación implicaría pagar 500 euros.

Medidas "sorpresa"

Y mientras, los funcionarios judiciales continúan manifestándose todos los jueves. Ayer no fue una excepción y 150 trabajadores de los juzgados y Hacienda volvieron a cortar el tráfico. Los recortes salariales, como la supresión de la extra de Navidad, y la falta de medios alientan estas protestas. Los funcionarios anuncian "nuevas medidas sorpresa", como la del miércoles con motivo de la visita del conselleiro. "Eso no estaba preparado; fue fruto de la indignación de los trabajadores", afirma Pablo Valeiras, de CC OO, que también denuncia que la Xunta "mantiene bajas sin cubrir" en varios juzgados vigueses y "suprimió" una de las prolongaciones de jornada de las salas penales.

Publicado o 22/09/2012 en www.farodevigo.es

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