El Gobierno pretende la suspensión para el año 2013 de las ayudas para personas mayores dependientes, discapacitados y drogodependencia, el subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio, que son las prestaciones sociales de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), así como determinadas prestaciones económicas.
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| Protesta contra los recortes |
Esta suspensión se añadiría a la suspensión sine die de las ayudas por préstamo hipotecario, de termalismo social y podología para mayores ya acordada por la MUGEJU en mayo de 2012.
Desde su fundación las mutualidades de funcionarios (MUGEJU, MUFACE e ISFAS) ofrecen a sus mutualistas tres tipos de prestaciones: económicas (por incapacidad temporal o permanente, por jubilación y auxilios económicos, sanitarias (asistencia sanitaria, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica y otras prestaciones sanitarias) y asistenciales (ayudas para atención a personas mayores y otros colectivos, ayuda de adquisición de vivienda).
El Gobierno de Rajoy quiere suprimir para 2013 la mitad de estas prestaciones, dejando a las tres mutualidades únicamente con las prestaciones económicas por incapacidad (que no obstante pueden ser objeto de revisión en cualquier momento) y las prestaciones sanitarias (que además ya se ven afectadas por la próxima revisión de la cartera básica de salud, el copago en transporte sanitario no urgente y pago del 100% de determinados medicamentos).
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó a la MUGEJU para informe el 21 de septiembre una propuesta de disposición adicional a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en virtud de la cual quedarían suspendidas para 2013 el reconocimiento y abono de los subsidios por jubilación y defunción, la ayuda por gastos de sepelio, las prestaciones sociosanitarias (programas de atención a personas mayores, de atención a personas con discapacidad y a drogodependientes), la ayuda para adquisición de vivienda y los programas de tercera edad de las tres Mutualidades (MUGEJU, ISFAS y MUFACE) y los programas análogos que reconocen los fondos especiales integrados en dichas mutualidades.
CCOO ya informó en el mes de mayo sobre la pretensión del Gobierno de suspender para el año 2013 el subsidio por jubilación y las ayudas por gastos de sepelio, que recibieron el informe negativo de la Gerencia de la MUGEJU.
Asimismo hay que recordar que la propia Mutualidad ya suspendió con efectos 1 de agosto de 2012 "sine die" las ayudas por préstamos hipotecarios, podología básica y termalismo para mayores (estas dos últimas integradas en el programa de atención a personas mayores). La Mutualidad justificó esta suspensión en la necesidad de adoptar medidas de reducción del gasto sobre prestaciones no fundamentales de la MUGEJU. La suspensión de estas dos ayudas, que según la MUGEJU persistirían en el tiempo, y a las que se podrían unir la revisión de los requisitos de las ayudas que se conceden en materia de dependencia, supone de por sí un ahorro mayor que el que el Gobierno de pretendía obtener con la suspensión sólo durante 2013 del subsidio por jubilación y ayuda por sepelio.
Ataque a los derechos de los mutualistas
Sin embargo el Gobierno del PP quiere ir más lejos, en lo que ya constituye un ataque intolerable a los derechos de los mutualistas, cuyas cuotas no experimentan bajada alguna pese a los continuos recortes en nuestros derechos y salarios. El afán de este Gobierno en recortar llega hasta el punto de proponer la suspensión de todas las prestaciones asistenciales, que incluyen las ayudas para que personas con minusvalías superiores al 65 % y edad avanzada dispongan de apoyo domiciliario, estancia en residencia o centro de día; la teleasistencia para mayores de 70 años, la ayuda para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual de personas con discapacidad, para la eliminación de barreras arquitectónicas y para medios técnicos para la vida diaria de las personas con discapacidad y los programas de deshabituación al alcoholismo y drogodependencia. Es decir, este Gobierno menosprecia a los empleados públicos, en activo o jubilados, y sus familiares que por su edad o enfermedad precisan de ayuda adicional de la asistencia sanitaria y carecen de medios para poder sufragársela.
Todas estas ayudas asistenciales que el Gobierno del PP pretende suspender están dirigidas a atender necesidades perentorias, habitualmente de larga duración, no asumibles por quienes carecen de rentas o ingresos suficientes para costearlos privadamente. Su concesión está baremada a partir de la constatación y evaluación de la concurrencia en el mutualista de requisitos personales y sociales como la situación socio-familiar, el nivel de dependencia, los ingresos económicos, la edad, o variables representativas de los recursos privados como la vivienda. Se trata, asimismo, de ayudas incompatibles con cualesquiera otras prestaciones procedentes de entidades u organismos públicos.
Informe negativo
La Gerencia de la MUGEJU ha informado negativamente con fecha 26 de septiembre sobre la suspensión de estas prestaciones asistenciales. Según la MUGEJU el gasto presupuestado para atender las prestaciones asistenciales representa, respecto del presupuesto total de este organismo en el año en curso, un porcentaje mínimo. La repercusión de su proyectada suspensión, en términos financieros, no guarda proporción con el impacto que implicaría para la atención debida a unas contingencias particularmente apreciadas por un colectivo, el de los funcionarios públicos, que ya han se han visto afectados de forma notable por otras medidas de reducción del gasto, y daría posiblemente lugar a la producción a medio o largo plazo de efectos perversos o contraproducentes.
La Disposición Adicional propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no aparece, de momento, entre las 65 disposiciones adicionales del Proyecto de Ley de PGE para 2013 presentado en el Congreso de los Diputados el día 1 de octubre, pero eso no quiere decir que esta disposición no se incluya en dicha ley, sino tan sólo que no la introdujo a tiempo. Es evidente que la estrategia del Gobierno está siendo la de modificar sus propias normas, días o semanas después de aprobarlas (recordamos, entre otras, la LGPE 2012 aprobada a finales de junio y enmendada por el Gobierno mediante el RD Ley de 13 de julio que nos quitó la paga extra de diciembre, redujo los días de asuntos propios y de vacaciones, introdujo la movilidad geográfica y redujo el salario en los casos de IT), introduciendo más recortes con sus propias enmiendas, y de esa forma intenta engañar a los ciudadanos haciéndonos creer que esas normas contienen menos agresiones que las que verdaderamente está realizando.
Para CCOO resulta intolerable e injustificable que un Gobierno, que ha dado a fondo perdido 11.000 millones de euros a los bancos, para poder equilibrar sus cuentas tras semejante dispendio, proponga recortar ayudas básicas y fundamentales en el desarrollo de la vida cotidiana de quienes prestan o han prestado sus servicios al Estado y precisan ahora de ayuda adicional, cargándose el sistema asistencial que tantos años nos ha costado construir. Hoy más que nunca es imprescindible la movilización masiva contra los recortes, recortes y más recortes del Gobierno, que no van a parar si no les obligamos los ciudadanos. Por eso, todos los mutualistas, beneficiarios y familiares debemos hacer denuncia expresa de esta pretensión del Gobierno, a fin de evitar que se introduzca esta enmienda en la Ley de Presupuestos, que además pone en riesgo el propio futuro de la MUGEJU.
