Ayer, finalmente, la Plataforma Justicia para Todos, de la que forma parte CCOO desde su creación, ha emitido un manifiesto contra la privatización de los registros civiles.
En la Plataforma participan activamente también el Consejo de la Abogacía y el Consejo de Consumidores y Usuarios, además de los sindicatos, y en la última reunión se acordó que la Plataforma está abierta a la incorporación de todos los colectivos de la Administración de Justicia que compartan los fines de defensa del servicio público de la Justicia, de los derechos de la ciudadanía, en defensa del empleo y contra las privatizaciones.
En el comunicado, la Plataforma expresa con rotundidad:
1.- El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los Registros Civiles. Y debe mantener su actual estado deservicio público, universal y gratuito.
2.- Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro Civil sin necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta el momento desde hace muchísimos años. El Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles mantendrán su condición de servicio público y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia dotándolos de los medios personales y materiales necesarios.
3-. El Gobierno debe comprometerse a garantizar que en los Registros Civiles todos los actos relativos a la situación de las personas ante los Registros civiles seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía.
4.- En todo caso, el Gobierno debe asegurar, en la Ley de los Registros Civiles, todo el empleo existente en la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz, de toda España. Debe comprometerse a que no habrá amortización de plantilla de la Administración de Justicia.
Remitimos dicho comunicado y solicitamos su extensión a todos los trabajadores y trabajadoras y a la opinión pública.
