CCOO ANUNCIA EN RUEDA DE PRENSA EL COMIENZO DE LA RECOGIDA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP), EN DEFENSA DEL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL COMO SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO, SERVIDO POR PERSONAL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- CCOO ha impulsado, elaborado y presentado una ILP para defender el mantenimiento del Registro Civil como servicio público.
- El sindicato espera recoger cuanto antes las 500.000 firmas necesarias para que la proposición de ley de la ILP llegue al debate en el Congreso de los Diputados
- El 11 de abril se celebrará una manifestación de carácter estatal en Madrid por la defensa de este servicio público
La ILP tiene como objeto detener esta privatización con la que el Gobierno entrega el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, lo que supone un paso más para el desmantelamiento de la Administración de Justicia como servicio público.
La ILP que elabora e impulsa CCOO, nace con el objeto de:
● Detener la asignación del Registro Civil a los Registradores, impuesta por el Gobierno, porque cuenta con la oposición de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos excepto el PP, de decenas de ayuntamientos y comunidades autónomas (muchos gobernados por el PP), de la Plataforma Justicia para Todos, de colectivos jurídicos, de asociaciones profesionales de Jueces y Secretarios Judiciales...
● Detener esta decisión porque supone una privatización de un servicio público fundamental. Los Registradores no son funcionarios públicos, tal y como establece la Unión Europea mediante sentencia.
● Detener esta privatización porque supone una pérdida de más de 8000 oficinas de Registro Civil. Se pasaría de más de 8.120 oficinas que hay en la actualidad en España a tan solo poco más de 100. Los ciudadanos y ciudadanas dejarán de poder acudir a un Registro Civil en el municipio en el que viven.
● Detener este ataque del Gobierno a los servicios públicos porque el Registro Civil es uno de los mejor valorados en su conjunto por la ciudadanía. Solo se han presentado quejas en menos del 9% de los Registros Civiles, la mayoría situados en ámbitos gestionados por CCAA gobernadas por el PP, que, hipócritamente, utiliza este dato parcial para justificar la privatización y, en cambio, no asume ninguna de sus responsabilidades por la falta de medios en que mantiene a esos Registros Civiles.
● Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía pues en la privatización del Registro Civil se regalan a los Registradores 130 millones de euros de nuestros impuestos, cifra que costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 Registros Civiles.
● Detener esta privatización porque el Registro Civil es un servicio público que afecta a más de 1.000.000 de personas anualmente, solo en trámites obligatorios, como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.
● Detener el intento del Gobierno de que nuestros datos sean manejados por personal que no tiene obligación, entre sus normas, de guardar la confidencialidad sobre privacidad de los datos que se tratan en los Registros Civiles. Porque esta privatización supone la pérdida de la garantía de la confidencialidad de los datos privados a la que están obligados por la Ley los funcionarios/as públicos.
● Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía porque el Gobierno pretende que ésta asuma el coste del enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los Registradores, que, solo por los 150.000 expediente de nacionalidad y 105.000 de matrimonio anuales, y con un arancel de 100 €, se embolsarían 25 millones de euros al año.
● Detener este ataque del Gobierno a los servicios públicos porque el Registro Civil es uno de los mejor valorados en su conjunto por la ciudadanía. Solo se han presentado quejas en menos del 9% de los Registros Civiles, la mayoría situados en ámbitos gestionados por CCAA gobernadas por el PP, que, hipócritamente, utiliza este dato parcial para justificar la privatización y, en cambio, no asume ninguna de sus responsabilidades por la falta de medios en que mantiene a esos Registros Civiles.
● Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía pues en la privatización del Registro Civil se regalan a los Registradores 130 millones de euros de nuestros impuestos, cifra que costó la digitalización de 123.000 tomos o 80 millones de páginas de los 432 Registros Civiles.
● Detener esta privatización porque el Registro Civil es un servicio público que afecta a más de 1.000.000 de personas anualmente, solo en trámites obligatorios, como nacimientos, defunciones y matrimonios. Si se privatiza, habrá que pagar por muchos trámites hoy gratuitos y serán obligatorios y de pago otros que hasta el momento no lo son.
● Detener el intento del Gobierno de que nuestros datos sean manejados por personal que no tiene obligación, entre sus normas, de guardar la confidencialidad sobre privacidad de los datos que se tratan en los Registros Civiles. Porque esta privatización supone la pérdida de la garantía de la confidencialidad de los datos privados a la que están obligados por la Ley los funcionarios/as públicos.
● Detener este ataque a los derechos de la ciudadanía porque el Gobierno pretende que ésta asuma el coste del enriquecimiento de un colectivo minoritario y privilegiado como son los Registradores, que, solo por los 150.000 expediente de nacionalidad y 105.000 de matrimonio anuales, y con un arancel de 100 €, se embolsarían 25 millones de euros al año.
● Detener la amenaza que se cierne sobre los más de 5100 puestos de trabajo de la Administración de Justicia que están en riesgo con esta privatización del Registro Civil.
● CCOO considera, además, que la privatización del Registro Civil supone un acto de presunta corrupción del mismo Presidente del Gobierno cuando participa en decisiones del consejo de ministros que afectan directamente a sus intereses (es Registrador) y a su familia (dos hermanos también son Registradores). En ningún país que se considerara a sí mismo como democracia avanzada, actuaciones similares exigirían de inmediato su dimisión.
● CCOO llama al personal de la Administración de Justicia, tanto a los que se encuentran destinados en órganos con funciones de Registro Civil como en el resto, a las organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, partidos políticos, asociaciones profesionales de jueces, de secretarios judiciales, colectivos jurídicos... a todos y todas los que compartamos los objetivos de esta ILP, para que participemos para lograr el objetivo de lograr recoger más de 500.000 firmas, para detener esta locura que pretende el Gobierno.
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● CCOO considera, además, que la privatización del Registro Civil supone un acto de presunta corrupción del mismo Presidente del Gobierno cuando participa en decisiones del consejo de ministros que afectan directamente a sus intereses (es Registrador) y a su familia (dos hermanos también son Registradores). En ningún país que se considerara a sí mismo como democracia avanzada, actuaciones similares exigirían de inmediato su dimisión.
● CCOO llama al personal de la Administración de Justicia, tanto a los que se encuentran destinados en órganos con funciones de Registro Civil como en el resto, a las organizaciones sociales, ciudadanas, sindicales, partidos políticos, asociaciones profesionales de jueces, de secretarios judiciales, colectivos jurídicos... a todos y todas los que compartamos los objetivos de esta ILP, para que participemos para lograr el objetivo de lograr recoger más de 500.000 firmas, para detener esta locura que pretende el Gobierno.
¡¡¡FIRMA LA INICIATIVA LEGISLATIVALA PRIVATIZACIÓN DEL
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CON TU AYUDA PARA LOGRAR 500.000 FIRMAS, PORQUE
LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
¡¡¡PAREMOS LA PRIVATIZACIÓN DEL
