Miles de personas (trabajadores,
profesionales y ciudadanos) se han manifestado en Madrid el pasado sábado 19 de
enero en defensa del Servicio Público de la Administración de
Justicia, contra la privatización del Registro Civil y contra las Tasas
Judiciales
Al igual que en otros servicios públicos, el gobierno del PP ha empezado a tomar las primeras medidas para desmantelar la
justicia como servicio público. La Ley de Tasas, ya en vigor, no
sólo impedirá el acceso a la
Justicia de la mayoría de los ciudadanos/as, también
será uno de los instrumentos para reducir empleo en la Administración de
Justicia. El siguiente proyecto, la
privatización del Registro Civil,
supondrá la destrucción de miles de puestos de trabajo para convertir en
negocio un servicio público
Y, especialmente, los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de
Justicia debemos luchar frontalmente contra la pretensión de Gallardón de
eliminar miles de empleos públicos que, tan sólo con la intolerable intención
de privatizar el Registro Civil, ya supone una destrucción de más de 3.500
concretos puestos de trabajo
El Gobierno ha emprendido un camino en el que no le basta con eliminar
derechos laborales y recortar salarios de los empleados públicos, haciendo retroceder
30 años nuestras condiciones laborales. En su afán por desmantelar el Estado de
Bienestar, pone en marcha políticas de
privatización los servicios públicos (sanidad, enseñanza, justicia…) para
convertirlos en negocio (a ser posible en manos de intereses afines) aunque
ello lleve consigo la destrucción de miles de empleos y aunque implique que la mayoría de los
ciudadano/nos ya no puedan tener acceso
a esos servicios
Estas decisiones del Gobierno contra trabajadores y ciudadanos se
producen al mismo tiempo que Rajoy,
Gallardón y el Gobierno en su conjunto (según las informaciones de los últimos
días), con una desvergüenza intolerable, permiten que un alto dirigente del PP
robe 22 millones de euros sin que
denuncien judicialmente el gravísimo delito
y que actúen, con igual caradura, en relación con los sobresueldos
ilegales de altos dirigentes de ese partido que, al parecer, han cobrado
durante años en dinero negro comisiones que dicha organización percibía de acciones ilegales.
TENEMOS RAZÓN: NO ES UNA
CRISIS, ES UNA ESTAFA a los trabajadores y
trabajadoras, a toda la ciudadanía. Por
eso, no podemos permanecer impasibles ante decisiones tan graves del Gobierno
que destruyen derechos laborales,
sociales y civiles. Pero es
imprescindible que la gran mayoría de
nosotros luchemos contra las gravísimas medidas que el Gobierno pretende
imponer, también en la
Administración de Justicia.
¡
¡SÍ SE PUEDE!!
POR UNA JUSTICIA PARA TOD@S
NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL
NO A LOS RECORTES DE DERECHOS
EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
NO A LAS TASAS JUDICIALES
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