Los fallos en el sistema de seguridad de LexNet son solo la punta del iceberg de una nefasta gestión que exige la asunción de responsabilidades políticas y el cese o dimisión de sus responsables. La implantación de nuevas tecnologías de forma precipitada a través de contratos opacos, sin coordinación con las administraciones autonómicas y sin formar suficientemente a la plantilla ha provocado el caos en los órganos judiciales.
El Sector de la Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO exige la paralización inmediata de LexNet y del Expediente Judicial Electrónico, más conocido como “papel 0”, hasta que no se dé solución a la gran cantidad de problemas detectados: los sistemas y programas informáticos no son fiables, no son seguros, no son suficientes, no se han implantado de forma programada y no se ha dado la suficiente formación a la plantilla. El Sector en coordinación con FSC están presentando iniciativas, gestiones y contactos a todos los niveles para solucionar los graves perjuicios creados
La necesaria implantación de las nuevas tecnologías debió comenzar a hacerse de forma paulatina, con experiencias piloto que hubieran permitido detectar y corregir los fallos puntuales que ahora son globales, con la participación y el reconocimiento de la labor de los empleados y empleadas públicas que las utilizan, y negociado con los representantes sindicales por la modificación sustancial de los métodos de trabajo
El Sector de Justicia de FSC- CCOO responsabiliza directamente al ministro Catalá de esta nefasta gestión pero también a todos los máximos responsables de su equipo (Secretaria de Estado, Secretario General y Subdirector de Nuevas Tecnologías) que se han negado a escuchar las continuas quejas desde todos los operadores jurídicos, incluido este sindicato, que han venido advirtiendo de las constantes caídas de las aplicaciones informáticas, de su lentitud y de su falta de capacidad, de la insuficiencia de recursos destinados para la atención a los usuarios, de la inexistente política de formación profesional, etc
Frente a ello, y por causas que debería explicar el ministro en el Parlamento, se optó por la precipitación, por la contratación a través de empresas tecnológicas con total opacidad, por seguir adelante de forma tozuda y propagandística a pesar de los continuos fallos y caídas del sistema que se vienen produciendo con asiduidad, por la no coordinación con las administraciones autonómicas con competencias transferidas y, según las últimas noticias publicadas, sin poder garantizar el secreto y la confidencialidad de las diligencias judiciales y de los datos de carácter personal contenidos en las mismas
También se ha denunciado el hecho de que el poder ejecutivo sea el poseedor de los sistemas informáticos y, por ello, tenga acceso a todas las actuaciones judiciales, lo que puede contravenir la no injerencia en el poder judicial a la que obliga la Constitución Española
Para CCOO, todo este cúmulo de despropósitos exigen la adopción de medidas contundentes y necesarias que deben exigir los partidos políticos de la oposición, como la paralización de todos los proyectos tecnológicos del Ministerio de Justicia, el diseño de una nueva estrategia de implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, el control parlamentario y judicial de las adjudicaciones de los contratos a determinadas empresas y, por supuesto, la exigencia de responsabilidades, en forma de dimisión o cese, a quienes resulten ser responsables de este desatino que, sin duda, ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas mientras siguen sin solucionarse los gravísimos problemas que afectan al servicio público de la Administración de Justicia
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