CCOO HA TRASLADADO AL GRUPO POPULAR NUESTRA OPOSICIÓN
MÁS RADICAL A LA
PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, PUES SUPONDRÍA LA SUPRESIÓN DE CIENTOS
DE ÓRGANOS JUDICIALES, ENTRE ELLOS TODAS
LAS AGRUPACIONES Y JUZGADOS DE PAZ, Y DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO
EL PORTAVOZ DEL GRUPO QUE SUSTENTA EL GOBIERNO NOS
COMUNICA QUE TRASLADARÁ AL MINISTERIO DE JUSTICIA NUESTRA POSICIÓN: QUE LOS
REGISTROS CIVILES MANTENGAN SU CONDICIÓN DE SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO, SERVIDOS
POR PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tras una nueva reunión, solicitada por CCOO, a
la que hemos acudido formando una posición común con el resto de los sindicatos
representativos, hoy ha tenido lugar el cuarto de los contactos con los
diferentes grupos Parlamentarios, en esta ocasión con el grupo parlamentario
popular, para trasladarles nuestra radical oposición a la privatización de los
Registros Civiles mediante su entrega a la gestión privada.
CCOO ha solicitado al grupo popular que sustenta al Gobierno,
que traslade al ministro de Justicia nuestra exigencia para que:
a) Los registros civiles sigan
servidos por personal de la
Administración de Justicia.
b) Se mantengan todos los Juzgados de
Paz, las Agrupaciones de los Juzgados de Paz y cada uno de los Registros Civiles,
tanto los únicos como los que tienen jurisdicción compartida, así como el
Registro Civil Central.
c) Se garanticen todos los puestos de
trabajo.
d)Los encargados de los Registros Civiles
sean Secretarios Judiciales o personal del cuerpo de Gestión Procesal.
Además, hemos informado al grupo
popular de la propuesta completa de CCOO sobre los registros civiles, cuyo texto les
trasladamos, propuesta que obra en poder del ministro de Justicia desde el 29
de enero de 2013, sin haber recibido respuesta alguna en 14 meses, y así se lo
hemos hecho saber.
También hemos advertido, a los
responsables del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso de los
Diputados, que para CCOO y para los trabajadores y trabajadoras esta
cuestión es de vital importancia y que no permaneceremos impasibles ante una
eventual privatización.
La información que ha afirmado tener el
portavoz del grupo popular en la comisión de Justicia del Congreso del
Ministerio de Justicia, y que nos ha trasladado, ha sido que el Ministerio de
Justicia ha abandonado de forma definitiva las negociaciones con el colegio de
registradores y que sigue explorando otras posibilidades, incluida la de que
sean los Secretarios Judiciales los encargados de los mismos.
En nuestra oposición a la
privatización del servicio, CCOO ha planteado también nuestra seria
preocupación por el alejamiento que supondría para la ciudadanía la
desaparición de los Registros Civiles en las pequeñas poblaciones, y una más
que segura supresión de la gratuidad de los actos y certificaciones.
Como otro aspecto fundamental, CCOO ha mostrado
nuestra extrema preocupación por la pérdida de miles de puestos de trabajo en
la administración de justicia que conllevaría el proyecto que manejaba
Gallardón.
Los representantes del PP se han
comprometido a comunicar al Ministerio de Justicia nuestra posición. Nos ha
dado la impresión de que no se encuentran cómodos con la postura recalcitrante
de Gallardón y de Rajoy de intentar privatizar los Registros Civiles, y que
encontraban razonable la postura que hemos defendido, que no es solo de los
trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales representativas,
sino de toda la sociedad.
Finalmente, CCOO ha manifestado que no podemos,
en ningún caso, fiarnos de Gallardón porque ha quedado claro, hoy de nuevo en
la reunión con el grupo popular, que la decisión final sobre los registros
civiles aún no está tomada por el Gobierno, por lo que solo la presión y la
movilización lograrán nuestro objetivo: mantener los Registros Civiles públicos
y gratuitos y dentro del ámbito de la Administración de Justicia.
CCOO ya ha
anunciado que convocará huelga en la Administración de Justicia si
finalmente el Ministerio de Justicia decide la privatización de los Registros
Civiles, porque no permitiremos que este servicio público acabe en manos
privadas, que se destruyan miles de puestos de trabajo, que se supriman cientos
de Agrupaciones y Juzgados de Paz, que se eliminen los Registros Civiles únicos,
el Registro Civil Central y los registros que comparten sus tareas con las
jurisdiccionales, que se aleje la Administración de Justicia de la ciudadanía y que
no se garantice que los datos personales con los que se trabaja en los
Registros Civiles se traten con la especial protección, que viene recogida en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter personal.