- Esta tarde CCOO trasladará sus posiciones al Grupo Parlamentario Popular
Comisiones Obreras ha anunciado esta mañana en rueda de prensa su intención de convocar huelga en toda la Administración de Justicia del Estado si el Gobierno insiste en su pretensión de privatizar los registros civiles.
Si bien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, informó el pasado 11 de marzo de que se habían roto las negociaciones para ceder la gestión de dichos registros a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al día siguiente aclaró que mantiene su intención de "explorar nuevas vías". Por este motivo, el Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO sigue manteniendo todas las iniciativas en defensa del mantenimiento del Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito, gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia.
En esta línea, esta tarde CCOO, sindicato mayoritario en la Función Pública, se reunirá con el Grupo Parlamentario Popular para trasladarles sus posiciones respecto a la posible privatización de los registros civiles. Hasta el momento ya hemos trasladado nuestras propuestas a Izquierda Plural, BNG y PSOE. En definitiva, CCOO pretende evitar dicha privatización, además de pedir que garanticen que este servicio público, a través del que se gestionan muchos trámites obligatorios, siga siendo gratuito y no se establezca ni el pago directo a la ciudadanía, ni el pago indirecto a través de una asignación a través de los Presupuestos Generales del Estado al colectivo al que pudieran encargarle el servicio.
Asimismo, CCOO demanda que se mantengan los 5.200 puestos de trabajo de los registros civiles, los cuales representan un 13% del personal de la Administración de Justicia, así como las cerca de 1.600 oficinas. CCOO considera que este servicio público debe seguir siendo prestado por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia y propone que los encargados de los registros civiles sean secretarios judiciales o personal del Cuerpo de Gestión Procesal.
Por último, CCOO considera fundamental impedir la desaparición de los Juzgados de Paz y de las Agrupaciones de Juzgado de Paz, puesto que supondría alejar un servicio público esencial de la ciudadanía, sobre todo en los núcleos de población más pequeños y alejados de las grandes ciudades, así como evitar la transferencia del tratamiento de datos desde la gestión pública a la gestión privada. Información como las adopciones, los divorcios, los cambios de sexo, etc., especialmente protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos, sobre la cual se debe guardar la máxima confidencialidad.
