RAJOY
Y CATALÁ MINTIERON A LA
CIUDADANÍA CUANDO ASEGURARON QUE EL REGISTRO CIVIL SEGUIRÍA
SIENDO GRATUITO TRAS LA
PRIVATIZACIÓN.
EL
GOBIERNO PRETENDE INCLUIR EN EL REGISTRO CIVIL NUEVAS GESTIONES, AJENAS AL
ESTADO CIVIL, QUE SERÁN DE INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA Y DE PAGO
LOS
CIUDADANO DEBERÁN PAGAR TAMBIÉN POR ALGUNOS SERVICIOS (VECINDAD CIVIL, RÉGIMEN
ECONÓMICO MATRIMONIAL, ETC) QUE ACTUALMENTE SON GRATUITOS
Según todas las informaciones que están siendo publicadas en varios medios de comunicación, (el pais, Iustel)el Ministerio de Justicia, presionado por los Registradores, está ultimando sus propuestas para reformar la Ley 20/2011 de Registro Civil, incluyendo en el proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, cuyo plazo de enmiendas ha vuelto a ser ampliado por el grupo parlamentario popular (ahora hasta el día 10 de marzo) en el Congreso de los Diputados, para poder introducir las enmiendas cuyo objetivo es compensar económicamente a los Registradores Mercantiles al hacerse cargo del Registro Civil.
Nuevamente, el presidente del Gobierno falta a la verdad, siendo Catalá el brazo ejecutor de esta política de mentiras a la ciudadanía, y pretende que se pague por servicios que hasta el momento son gratuitos o que son ajenos al estado civil de las personas. Catalá y Rajoy quieren pervertir el objeto del registro civil, ampliando los hechos objetos de inscripción a cuestiones absolutamente ajenas al Registro Civil, para que los registradores puedan hacer caja con los nuevos hechos registrales. Las informaciones de las que se hacen eco medios de comunicación incluyen como obligatorios y de pago actos como:
§ El registro de seguros o de actos de última voluntad, hoy competencia del Ministerio de Justicia y por cuya certificación, previa a la herencia de toda persona fallecida, hay que pagar una tasa actual de 3,70 € al Tesoro Público, de la que se apropiarían los registradores.
§ El Gobierno pretende incluir como obligatorio la inscripción de todos los poderes de las personas físicas y su revocación. En el año 2014 se firmaron casi un millón de ceses de poderes en toda España,
§ También pretende que sea un trámite obligatorio la referencia a la constancia registral del domicilio registral y la dirección a efectos de notificaciones.
§ Se cobrará por el libro de familia desde la entrada en vigor de la privatización del Registro Civil.
§ Se podrán devengar honorarios para los asuntos de carácter voluntario y que respondan al interés particular del ciudadano (como poderes, régimen económico, vecindad civil, expedientes de cambio de nombre y apellidos, registro de parejas de hecho…)
§ Los Registradores pretenden que el Ministerio de Justicia incluya en la reforma de la ley 20/2011 del Registro Civil, la posibilidad de inscripción de cualesquiera otros hechos o actos relativos a las personas físicas previstos en otras leyes, de forma que normas posteriores pueden ampliar aun más el objeto del registro civil con hechos ajenos al mismo, con el consiguiente coste económico para el ciudadano.
§ Pretenden los Registradores, con el apoyo del Gobierno, además, que la reforma incluya una disposición final que habilite al ministro de Justicia para aprobar en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE, los aranceles correspondientes a las intervenciones de los registradores respecto de los asuntos, actas, escrituras públicas, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en la Ley.
CCOO
exige la dimisión de Rajoy por sus mentiras. Porque como viene advirtiendo CCOO
desde hace más de dos años y medio, la entrega de la gestión del Registro Civil
a los Registradores, supondría una privatización inaceptable y una pérdida
importantísima de empleo en la Administración de Justicia, y acabaría con el
Registro Civil como un servicio público, universal y gratuito.
CCOO llama a todos los
trabajadores y trabajadoras y a toda la ciudadanía a incrementar las
movilizaciones contra la privatización del Registro Civil y por su
mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia, y apoyar la Iniciativa Legislativa
Popular que impulsa CCOO, para recoger más de
500.000 firmas para lograr paralizar esta desvergüenza que pretende el Gobierno
